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EL SISTEMA DE PENSIONES EN MÉXICO Y LA ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS POR MEDIO DE INSTITUCIONES PRIVADAS,
UN CALLEJÓN SIN SALIDA.
 
 
Con poco más de un siglo de historia a cuestas, la seguridad social en el mundo entero se ha convertido por méritos propios en una de las estrategias políticas y económicas fundamentales de los Estados contemporáneos, en aras de lograr una más justa redistribución de la riqueza, dotando de un esquema integral de salud a la colectividad, otorgando también los servicios sociales necesarios mínimos que requiere la población, y, a la par, garantizando ingresos alternativos cuando las condiciones físicas o aptitudes laborales merman.
 
Ya sea mediante el pago de subsidios (sustitutivos del salario) o pensiones (sustitutivos permanentes de ingresos), a quienes llegan a la edad de jubilación o tienen el infortunio de siniestrarse y ya no pueden efectuar labores productivas, la seguridad social intenta atemperar al menos las preocupantes brechas que separan a los pocos que concentran tanta riqueza, de los millones de seres que viven en lo que el Banco Mundial ha definido ya como línea de “pobreza extrema”, esto es, de aquéllas personas que perciben de ingreso per cápita menos de un dólar norteamericano al día. 

 

La seguridad social es un derecho humano y social, amén de un servicio público que es responsabilidad ineludible del Estado el atender de manera directa, progresiva y siempre con su mayor esfuerzo, acorde todo ello a lo plasmado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Sin embargo, a más de medio siglo de distancia, lo cierto es que la aspiración de brindar esquemas protectores a la clase trabajadora y otros grupos sociales específicos que también realizan labores productivas —y de suyo a la población entera—, al través de sistemas integrales de seguridad social regulados por el Estado, tal aspiración que es legítima, no ha sido aún colmada.

 

En México ha sido patente, a más de 6 décadas de haberse creado el llamado “instrumento básico de la seguridad social” (el Instituto Mexicano del Seguro Social o IMSS), el abandono en que los académicos hemos tendido a la seguridad social, aunado al palpable desinterés que los Gobiernos federal y/o locales han mostrado hacia la modernización y real adecuación a las circunstancias económicas imperantes de los entes creados ex-profeso para brindar este servicio público de innegable raigambre social, del cual las sociedades contemporáneas no pueden prescindir. Ello se ha traducido en un rezago en todos los órdenes que amenaza con poner fin a tan magnífico mecanismo de protección social.  

 

Mucho ha influido en todo esto la confusión conceptual existente en México respecto de los asuntos sociales, el cual pareciera que se ha estancado y no avanza al mismo ritmo vertiginoso del entorno mundial. Así, vivimos en una eterna confusión terminológica reflejada desde los aspectos doctrinales, conceptuales, legales, reglamentarios, operativos e instrumentales, confundiendo y entremezclando términos básicos tales como: seguridad social, asistencia social, previsión social o Seguro Social. La mayor de las veces, hay qué decirlo claro, ni los autores, ni los legisladores, ni nuestros gobernantes o administradores de justicia, han acotado cada concepto, lo que ha provocado que de plano se confundan unos con los otros haciendo una mezcolanza difícil de desentrañar para todos, y permitiendo que ante dicha confusión conceptual existan personas que lucran desmedidamente con este servicio público cuya privatización parece inevitable.

 

Lejos de propender a la búsqueda de una correcta conceptualización y a efectuar un diagnóstico certero de la problemática existe en el rubro de la seguridad social, la adopción forzada de modelos extraños probados en otras latitudes con relativo éxito, ha provocado un verdadero caos al tratar de empatar —sin fortuna y sin el debido rigor académico—, 2 modelos diferentes en nuestra seguridad social: el modelo de reparto o fondo común con pensiones predefinidas en ley, y el copiado del coloquialmente llamado “modelo chileno” denominado modelo previsional de capitalización individualizada, de manejo privatizado y de lucro incrustado en nuestro renovado esquema pensionario mexicano, conformándose así —desde el 1° de julio de 1997—, una especie de “híbrido pensionario” que de plano no armoniza con nuestras ricas tradiciones de Derecho Social y de las cuales nos sentíamos tan orgullosos como nación; un modelo híbrido pensionario que según los enterados hasta puede ser tildado de inconstitucional al permitirse que asuntos públicos se vuelvan negocio privado de unos cuantos, dado que no se ajusta a las disposiciones contenidas en el artículo 123 Constitucional para este servicio público básico brindado a la colectividad.

 

El Sistema de Ahorro para el Retiro o SAR actual, muy a pesar del discurso oficial que defiende la idea de que es la única manera viable de garantizar pensiones en el futuro, no tiene garantizada su viabilidad financiera debido a que depende demasiado de las condiciones del mercado de valores en la cual se hallan invertidos los recursos de los trabajadores asegurados. Porque el llamado “modelo chileno” no constituye un garantía real de que se obtengan mejores pensiones y ni siquiera que se acceda a ellas. Además, se trata de un esquema de administración de fondos para jubilaciones que larva en sí mismo su propio germen de ineficiencia, debido a que durante el trayecto de los 24 años que como mínimo deben cotizarse para acceder a una pensión garantizada por el Estado, el trabajador asegurado paga alrededor de la cuarta parte de su ahorro sólo por costes de administración a una AFORE, en virtud de lo cual se redujo en un 25% el monto de la pensión que hubiere podido obtener al final de su vida activo-productiva. 

 

Acaso la única alternativa que resta por comprobar en México, sea la que ofrece la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo tripartita adherido a la ONU que se encarga de establecer las políticas laborales y de seguridad social en el planeta. Porque la misma OIT ha reconocido que el modelo de capitalización, por sí mismo, es de plano incapaz de ofrecer mejores pensiones que las que pagaba el modelo solidario de reparto, en tanto que éste ha sido ya rebasado por las circunstancias, las variables demográficas y epidemiológicas, y hasta por el simple transcurso del tiempo.

 

Es innegable que el sistema de la capitalización individual de las cuentas administradas por una institución privada, nos guste o no es una obligación legal no conmutable. Aún cuando a la vista de propios y extraños el negocio del siglo XXI será de unos pocos a costa del trabajo de los millones de trabajadores, lo imperdonable y más doloroso es que el atentado se materializa ante la pasiva complacencia de los institutos de Seguridad Social, las Cámaras patronales, las Centrales obreras, nuestros representantes en el Congreso de la Unión pero primordialmente por el propio trabajador (principal afectado) y de los profesionistas y estudiosos de la seguridad social… esto es imperdonable.

 

Necesitamos activarnos, pronunciarnos al respecto. Considero que, la mejor alternativa pensionaria  consistiría en utilizar el modelo de reparto de solidaridad intergeneracional para garantizar una pensión mínima, y como alternativa para aumentar el importe de la pensión, utilizar el modelo de AFORE’s pero con estricto control gubernamental a fin de asegurar su operación y evitar fraudes a los trabajadores asegurados. 

 

 

LCP, MDF Y MSS Gerardo E. Martínez Chávez

Socio del Despacho México Global Alliance  

gerardo.martinez@mxga.mx

 

 
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